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Comunicado de Prensa Caso INJUPEMP

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El Consejo Nacional Anticorrupción ofrece la presente conferencia de prensa a la población en general y a los medios de comunicación en particular, los resultados del proceso de investigación del Caso No. CNA-UIASC-003-2014 relacionado con el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos INJUPEMP.

 

Desde hace varios meses, el CNA a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, inició varias líneas de investigación  a lo interno del INJUPEMP, de las cuales,  la primera línea de investigación estaba relacionada con la compra de bonos, la cual  ya fue culminada y entregada la documentación correspondiente al Ministerio Público.

 

El informe que en breves minutos presentara el Abogado Dagoberto Aspra, Jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, corresponde  a la segunda línea de investigación relacionado con la Contratación de Abogados Externos por parte del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos (INJUPEMP).

 

 

 

El informe identifica con claridad la forma como se realizó la contratación de los Abogados:

 

1.   Santos Ynestroza Tejeda

 

2.   Teófilo Zúñiga Salgado

 

3.   Norman Torres Herrera

 

4.   Ángel Irías Rodezno

 

5.   Efraín Avilio Flores Hernández y,

 

6.   Cesar Augusto Girón Lanza

 

 

 

Dichas contrataciones contraviene lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 7, inciso 1 del Reglamento de la misma ley, disposiciones que señalan el deber de utilizar las modalidades de contratación a través de concurso público, concurso privado y contratación directa con 3 y 2 cotizaciones de acuerdo a los montos establecidos en los contratos.

 

Esta violación evidente de la Ley de Contratación del Estado, pone en evidencia un perjuicio patrimonial al INJUPEMP de noventa y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y un Lempiras (L. 95,964.191.00) producto de la firma de estos 6 Contratos, de los cuales ya se ha pagado la cantidad de  veintisiete millones seiscientos cinco mil novecientos setenta y nueve Lempiras (L. 27,605,979.00) en carácter de honorarios profesionales, teniendo pendiente de pago la cantidad de sesenta y siete millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y nueve Lempiras (L.67,697,439.00).

 

Los Anticipos otorgados a los abogados externos en su mayoría excedieron el 55% del valor contratado, sin ningún resultado de sus acciones. La Ley de Contratación del Estado señala que estos anticipos no podrán exceder el 20% del valor contratado, previo a la presentación de una garantía de cumplimiento.

 

Es necesario establecer que el perjuicio patrimonial no solo ha sido para el INJUPEMP, sino también para el mismo Estado, debido a que la retención del Impuesto sobre la Renta del 12.5% del valor de estos contratos ascendió a tres millones cuatrocientos cincuenta mil setecientos cuarenta y siete lempiras        (L. 3,450.747.00), pero importante es señalar que la retención sí existió por parte del INJUPEMP sin embargo nunca fue enterado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), esto correspondiente a honorarios profesionales.

 

Si bien es cierto en días anteriores el Tribunal Superior de Cuentas emitió un informe que contiene opiniones, comentarios y recomendaciones sobre la contratación de 3 abogados externos; el informe que presentaremos a continuación del CNA es mucho más amplio y profundo porque en primer lugar identifica un mayor número de Abogados contratados de forma irregular, detalla el estado de los juicios o acciones judiciales impulsadas por estos profesionales, identifica las irregularidades en los procesos de contratación señalando las evidencias y los responsable de estas acciones.

 

En conclusión, el informe del CNA es claro y contundente al identificar que el Ex Director Ejecutivo del INJUPEMP, Señor Andrés Torres incurrió en:

 

  • Seis (6) delitos de Abuso de Autoridad, Por la contratación de Abogados externos sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley.
  • Seis (6) delitos de violación a los deberes de los funcionarios públicos, Por la inobservancia al cumplimiento de sus obligaciones como funcionario público
  • Seis (6) delitos de malversación de caudales públicos por cambio de destino y,
  • Seis (6) delitos de defraudación fiscal, por no enterar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), los impuestos retenidos.

 

 

 




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